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Me bajo al mercado a comprar un poco de fruta para refrescar los calores veraniegos y me encuentro unos carteles (imagen jpg) que rezan lo siguiente:

«El Ladrillazo»

«¡Lavapiés no es Marbella!»

«Llaman boom, auge o progreso inmobiliario a lo que sólo es pura especulación, otra forma cobarde de terrorismo»

Resulta que a pocos metros de nuestra corrala, en el nº 7 de Ventorrillo hay otra corrala vecina, de la que alguna inmobiliaria asustaviejas pretende desalojar a sus moradoras de toda la vida para rentabilizar la inversión. Ahora se han unido para resistir al acoso de los sicarios de ese boyante negocio.

Por lo que nos han contado vecinos de siempre de nuestra corrala, aquí debió ocurrir algo muy parecido hace ocho años, cuando la empresa Chueca y Figueroa compró la finca, desalojó a la mayoría de los vecinos y vendió las casas.

Desde este humilde rincón cibernáutico brindamos todo nuestro apoyo y solidaridad a estas nuestras vecinas. Aquí os podéis informar mejor:

http://el7deventorrillo.wordpress.com/

Su caso ha tenido eco en los medios:

Reportaje en El País

Noticia en el 20minutos

El Proceso

En el mes de noviembre de 2006 recibimos la primera notificación del Ayuntamiento de Madrid reclamando a los vecinos de la comunidad la cantidad de 350.000 € (60 millones de las antiguas pesetas) por una obra que nunca realizaron. Hacía ya varios meses que Dragados (la empresa adjudicataria de las obras del Ayuntamiento) había abandonado la finca, puesto que no podíamos aceptar sus inaceptables condiciones, pero desde la Agencia Tributaria todavía se nos solicitaba su pago.

Para paralizar la liquidación, hacía falta que nos presentásemos en Urbanismo con el contrato firmado de un arquitecto que se hiciera responsable de la seguridad de la finca. Debíamos contratar un arquitecto urgentemente y mientras tanto retrasar lo más posible el proceso de la liquidación. Las personas que ya habían recogido la notificación, debían presentar un recurso y así lo hicieron.

Contratamos un arquitecto y a finales de año se presentó en Urbanismo. En enero por fin recibimos notificación de Urbanismo de que se daban por enterados de que renunciábamos a la Ejecución Sustitutoria. Teníamos que recibir carta del pago de la actuación de urgencia realizada en el momento del derrumbe por valor de 5.600 €, en vez de los 350.000 € estimados para toda la obra. Tras dos meses de angustia, respiramos aliviados.

Pasaron los meses y no recibimos noticia ni del Ayuntamiento, ni de Urbanismo, ni de la Agencia Tributaria. Nosotros nos habíamos olvidado del tema, pero la máquina municipal engrasaba implacable sus bielas. Tres meses después, en vísperas del primer aniversario del derrumbe, algunos vecinos recibieron notificación de apremio para el pago de la cantidad que les correspondiera de los 350.000 €. El resto no estábamos en mejor situación: ya habíamos sido anunciados en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid como deudores de esa cantidad.

Y ahí comienza mi periplo telefónico por el Ayuntamiento

Lunes 21 de mayo

Llamo a la sección de recursos de la Agencia Tributaria, lugar de procedencia de la notificación. Me atiende un señor muy amable y le explico que nosotros ya habíamos renunciado a la Ejecución Sustitutoria hacía meses, que oiga señor, que el Ayuntamiento nunca ejecutó las obras que nos pretenden cobrar. Y muy amablemente me indica que claro, que lo tendría que consultar. Llame usted mañana, por favor.

Martes 22 de mayo

Disciplinado, llamo de nuevo. El mismo señor amable me indica que en la Agencia Tributaria no han recibido el decreto firmado por el Director General de Urbanismo que anula el cobro. Yo le entiendo a usted, pero mientras no recibamos el decreto firmado, señor, nuestra obligación es hacer todo lo posible para cobrar la cantidad ordenada. Llame usted a la Dirección General de Urbanismo, que ellos le tienen que dar respuesta.

El amable señor no conoce el teléfono de sus colegas. No importa, en el 010 me lo facilitarán. Lo consigo y allí me indican que el Director no se va a poner, ya lo imaginábamos, pero que de todas formas este tema es cosa de la Sección Técnica de la zona centro. Me facilitan un teléfono. Llamo y allí por fin encuentro a otro amable señor que me atiende.

¿Sabe usted el número de expediente?, me pregunta. No señor, no lo sé, pero Sombrerete 6 sólo debe haber uno en Madrid. Consulta el expediente de Sombrerete 6 y me pone en la pista. Esto se lo tienen que resolver en el departamento de Intervención. Me da el número. Si no, también puedo llamar a la Sección Jurídica, que también me pueden informar. Y si tiene algún problema, señor, no dude en volver a llamarme. Llamo y no me lo cogen. Ya se ha hecho un poco tarde, seguiremos insistiendo mañana.

Miércoles 23 de mayo

A primera hora inicio la ronda de llamadas. En Intervención me dicen de nuevo que me podrán informar los técnicos de la zona centro, pero el teléfono que me facilitan es distinto. Respiro aliviado, todavía no he entrado en bucle. Recoge la llamada ahora una chica muy amable y cuento el caso por enésima vez. Me dice que los técnicos me podrán ayudar, pero que ahora están reunidos. Toma nota de mi teléfono, más tarde me llamarán.

Ya es la una y media del medio día y nadie me llama. No importa, ya llamo yo otra vez. Después de hablar a lo largo de la semana con una decena de departamentos y personas, me pasan con el técnico que estuvo en la finca en el momento de la actuación de urgencia. ¡Vaya, qué mala suerte! Parece que en su momento el departamento de Intervención echó para atrás la certificación de la actuación de urgencia. Eso había impedido que se firmara el famoso decreto de anulación de la deuda de los 350.000 €.

Pero nosotros no tenemos la culpa de que se haya paralizado el trámite entre sus departamentos, argumento yo ingenuamente, no es razón para que nosotros tengamos que pagar lo que no nos corresponde. Naturalmente tengo razón, pero no lo puede resolver en ese momento. Implícitamente reconoce que ha habido algún error o despiste en la gestión del expediente que tienen que solucionar. Me emplaza al día siguiente. Él me llamará.

Jueves 24 de mayo

Efectivamente, a primera hora recibo su llamada. Casi ni me lo creo. Me comenta que ha emitido un informe para la Sección de Liquidaciones de Ejecución Sustitutoria para que paralicen el cobro de los 350.000 €, mientras se gestiona la correcta certificación de las obras de urgencia. Y yo me pregunto: ¿no podían haber hecho esto mismo desde el principio? No hay respuesta. Nos podemos imaginar los sótanos de Urbanismo con montañas de expedientes e informes mohosos, donde se juega entre los ácaros el destino de personas desalojadas de sus casas y embargadas por no poder afrontar los pagos, convertidas en daños colaterales de la Administración.

Por supuesto, no debemos preocuparnos por nada, toda la tramitación se realiza de forma interna. De la Sección Técnica a la Sección de Liquidaciones, y de ahí a la Agencia Tributaria. Y no es que sea desconfiado, pero qué garantía tenemos de que esto vaya a ser así, quién nos dice que no van a pasar otros cuatro meses de trámite interno, que pasemos del apremio al embargo. No me puede decir con detalle, ya que de los cobros se ocupan en el otro departamento. De acuerdo, déjeme usted el teléfono de la Sección de Liquidaciones, yo me informaré.

Llamo al número que me facilita el amable técnico y vuelvo a contar el caso a quien me coge el teléfono. Me pasa con la persona que está a cargo del tema. Me dispongo a comenzar de nuevo el relato con los últimos avances, pero no es necesario, tiene el expediente encima de la mesa. Ya le había pasado nota el técnico. Uno se imagina todos esos departamentos y secciones en despachos contiguos, pero son necesarios meses para trasladar un papel en el que diga que no hay que pagar por un servicio que no se ha prestado.

La señora muy amablemente me explica las distintas fases de apremio en los cobros del Ayuntamiento. No debemos preocuparnos. Aunque hemos recibido notificaciones, cartas de pago y hemos sido anunciados por edicto, todavía queda tiempo antes de que nos obliguen a pagar de verdad. No tenemos que hacer caso de los papeles, salvo que recibamos un papel con letras naranjas, entonces ya no habría vuelta atrás. Pero para entonces el Señor Director General de Gestión Urbanística ya se habrá dignado a firmar el papel que tiene que firmar y nosotros habremos quedado liberados. Mientras tanto algún vecino ha abonado ya la cantidad que no le correspondía pagar. Tampoco tiene que preocuparse, que le será devuelta en tiempo y forma.

Lunes 28 de mayo

Recibimos la notificación firmada por el Jefe del Departamento de Intervención de la Edificación, donde se dispone que la cantidad a pagar por la comunidad es de 5.584,66 € y no de 350.000 €, y que se dé traslado a la misma a los Servicios Económicos del Ayuntamiento de Madrid.

¿Se habrán enterado ya en la Agencia Tributaria?

Un año después

Se cumple ahora, en la víspera de San Isidro de 2007, un año del desprendimiento de las vigas del forjado de un pasillo común de la finca. Parece éste buen momento para hacer balance. Entre el estruendo y el polvo blanco del derrumbe y la impetuosa intervención del cuerpo de bomberos (¡y qué cuerpo!), se hacía ya evidente lo que hasta ese momento era una sospecha para la mayoría de los vecinos: la supuesta reforma acometida en la finca entre los años 1999 y 2000 había sido un fraude (también denominado lavado de cara).

Antecedentes:

1998-2000 Ruina y reforma
Nuestro edificio es una corrala típica del Madrid antiguo de finales del siglo XIX. En 1998 fue adquirida íntegramente por la constructora Chueca y Figueroa. Ese mismo año, debido a su estado de abandono y deterioro, el Ayuntamiento de Madrid decreta la orden de ejecución de obras de consolidación. Poco a poco iremos descubriendo la importancia de los términos: que no es lo mismo consolidación que reforma, por ejemplo.

La empresa aprovechará las obras para desalojar con malas artes a la mayoría de los inquilinos de renta antigua (bichos en el argot), tan molestos a la hora de sacar tajada de estas operaciones inmobiliarias, y poner en el mercado a precio de mercado apartamentos de semilujo (antes infraviviendas) en el Madrid más multiculti y enrollao. Chueca y Figueroa finaliza las obras de consolidación en junio de 2000 y se venden las viviendas, que era de lo que se trataba.

2001-2006 Inspección Técnica de Edificios
El Ayuntamiento requiere a la comunidad de propietarios en 2001 la presentación del acta de inspección. La comunidad recurrió el requerimiento, alegando que se había efectuado una reforma de la finca hacía menos de 2 años con sus preceptivos certificados y visados del Colegio de Arquitectos de Madrid. ¡Qué ingenuidad! Ahí es donde aprendimos la diferencia entre rehabilitación y consolidación. Las obras de consolidación no son garantía de seguridad del edificio, ni siquiera para el Ayuntamiento, que es quien decretó su ejecución. Y nos reclama a los vecinos dos años después pasar la ITE; por supuesto, la ronda la pagamos nosotros.

Este es el doble rasero que aplican las administraciones públicas. A una empresa que adquiere la totalidad del edifico, cuya única pretensión es la de especular con la venta de las viviendas, se le exige apenas una obra de consolidación, que ni siquiera llega a completar. Esta empresa vende las viviendas a través de sus inmobiliarias como si fueran rehabilitadas, y el Ayuntamiento reclama a los vecinos, compradores estafados, que acometan las obras necesarias para pasar la ITE. Los gastos de arquitecto y obras corren de nuestra cuenta.

Por si fuera poco, en estos años las deficiencias del tejado ocasionan no pocos problemas de humedades y goteras con sus correspondientes gastos. El propio Ayuntamiento reconoce en el proyecto de consolidación de 1998 el pésimo estado de la cubierta, aunque no consideró oportuno exigirle a Chueca y Figueroa su reparación. Ya lo haremos los vecinos más adelante, que además contribuimos a la dinamización económica de la región.

Finalmente, con no pocos esfuerzos, se certifica el cumplimiento de la Inspección Técnica de Edificios en abril de 2006. Recibe el visado del Ilustre Colegio de Arquitectos en mayo de 2006, atención señores, redobleee de tamborrr, UNA SEMANA ANTES DE QUE SE PRODUJERA EL DESPRENDIMIENTO DEL FORJADO.

14 de mayo de 2006, 17:30: Techo desprendido y vecinos desalojados

El sábado 14 de mayo de 2006 a las 17:30, escasos seis años desde que Chueca y Figueroa acometiera las obras en la finca, se producen daños de tal envergadura que exigen la actuación inmediata de los bomberos ante el desprendimiento de varias viguetas del forjado del techo del pasillo del 2º piso, quedando apuntalados los pasillos interiores comunes del bajo, primero y segundo piso, y desalojados los ocupantes de las viviendas 3º-3, 3º-4, 2º-3 y 2º-4.

Salieron con lo puesto a ver lo que había sucedido y no pudieron volver a entrar en su casa hasta pasados cuatro días. Un amable bombero consiguió sacarles unas mudas. La ironía es que algunos de ellos se preparaban para acudir a la primera de las sentadas por una vivienda digna de Madrid. Los vecinos desalojados deben pasar varios días fuera de sus casas, realojados en un hotel, hasta que regresan bajo su responsabilidad y franqueando el precinto «no pasar» que habían colocado los técnicos de Urbanismo en las puestas de sus casas.

Lo que vino después os lo podéis imaginar. Tras la sorpresa, el pánico, y después la indignación.

Los técnicos de Urbanismo nos metieron el miedo en el cuerpo. Agujerearon las cuatro viviendas más afectadas para descubrir el estado de las vigas y dieron a entender que todo el edificio podía encontrarse en la misma situación. Había que acometer las obras urgentemente y decidir si se encargaba Urbanismo por Ejecución Sustitutoria o bien nosotros por nuestro lado buscábamos arquitecto y empresa que se hicieran responsables.

Ante la duda, el miedo y la incertidumbre optamos por la seguridad y garantía que pensábamos nos iba a ofrecer el Ayuntamiento. No queríamos caer de nuevo en manos de una empresa desaprensiva que ejecutara las obras defectuosamente como en la anterior supuesta reforma. Además, la actuación de Urbanismo tenía la ventaja de ser inmediata, nos despreocupábamos de las licencias y se encargaban de cobrar directamente a cada vecino la cuota correspondiente. La parte negativa era que el precio sería superior al precio de mercado (curioso, ¿no?). No importaba, la garantía y seguridad que nos proporcionaba el Ayuntamiento bien lo valía.

La indignación llegó cuando pasadas unas semanas recibimos la notificación del Ayuntamiento con las condiciones de la Ejecución Sustitutoria. Dragados se encargaría de la ejecución de las obras, para lo que se estimaba un presupuesto de 350.000 €. Debíamos ingresar esa cantidad en las Arcas Municipales con carácter cautelar a la espera de la liquidación definitiva.

El montante era a todas luces excesivo y nos dirigimos a Urbanismo a solicitar detalle del presupuesto. No hubo respuesta. Posteriormente acudimos con nuestro abogado, y la respuesta del Ayuntamiento fue que ellos no eran una empresa, y que no iban a dar detalles del presupuesto. Reconocían que eso no era lo correcto, pero ahí estaba el servicio jurídico por si queríamos reclamar por la vía legal. En un par de años con suerte tendríamos respuesta.

A esas alturas, Dragados ya había abandonado la finca sin comenzar las obras (salvo los estropicios iniciales) a la espera del beneplácito de los vecinos a esas draconianas condiciones. Pasaban los meses, se acercaba el otoño y algunas casas seguían en calamitoso estado: apuntaladas y agujereadas. Ya era septiembre, nos encontrábamos como al principio y estábamos abocados a buscarnos la vida por nuestra cuenta: contratar un arquitecto, redactar un proyecto de obra y buscar una empresa que lo ejecutara.

Parecía que ya nada peor nos podía suceder, pero si, aún quedaban emociones por vivir. En octubre recibimos las notificaciones de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento reclamando los 350.000 euros de la Ejecución Sustitutoria que nunca se llegaría a ejecutar. Necesitábamos contratar rápidamente un arquitecto que se hiciera cargo de las obras y de la seguridad de la finca ante Urbanismo y poder así poner freno a la voracidad recaudatoria de la administración madrileña.

2007: la luz al final del túnel

En enero de 2007 ya tenemos arquitecto y podemos renunciar a la Ejecución Sustitutoria. Una de sus tareas será la redacción del informe técnico en el que se basará nuestro abogado para las demandas y reclamaciones contra la empresa que hizo la reforma de la finca (Chueca y Figueroa), contra el arquitecto y el aparejador que certificaron esas obras, contra el Ayuntamiento y contra el arquitecto que firmó la ITE.

El informe técnico despeja dudas y confirma nuestras sospechas. No sólo el proyecto de consolidación exigido por el Ayuntamiento era claramente insuficiente para atender las necesidades de la finca, no sólo lo pretendido por Chueca y Figueroa era hacer la obra mínima imprescindible para especular con la venta de la viviendas, sino que ni siquiera la empresa llevó a cabo en su totalidad la obra proyectada.

A estas alturas de mayo de 2007, nuestro arquitecto ha redactado ya un proyecto definitivo de obra que ha sido aprobado por los vecinos. Incluye la reparación de la zona afectada por el derrumbe, así como todas las demás actuaciones que en su día el Ayuntamiento no exigió realizar a la empresa propietaria de la finca (cubierta, etc). Aunque esperamos aún presupuestos de empresas que se encarguen de su ejecución, el coste estimado a precios de mercado está muy por debajo de lo que pretendía cobrarnos el Ayuntamiento por sólo la reparación de la zona más afectada.

Un año después del derrumbe esperamos que las empresas a las que se lo hemos solicitado, nos presenten presupuestos y podamos elegir la más conveniente. Esperamos que las obras se completen lo antes posible para que los vecinos más afectados puedan vivir dignamente en sus casas. Esperamos que un juez se haga cargo del caso y fije fecha para el juicio. Vemos la luz al final del túnel, pero el túnel es muy largo.