Se cumple ahora, en la víspera de San Isidro de 2007, un año del desprendimiento de las vigas del forjado de un pasillo común de la finca. Parece éste buen momento para hacer balance. Entre el estruendo y el polvo blanco del derrumbe y la impetuosa intervención del cuerpo de bomberos (¡y qué cuerpo!), se hacía ya evidente lo que hasta ese momento era una sospecha para la mayoría de los vecinos: la supuesta reforma acometida en la finca entre los años 1999 y 2000 había sido un fraude (también denominado lavado de cara).
Antecedentes:
1998-2000 Ruina y reforma
Nuestro edificio es una corrala típica del Madrid antiguo de finales del siglo XIX. En 1998 fue adquirida íntegramente por la constructora Chueca y Figueroa. Ese mismo año, debido a su estado de abandono y deterioro, el Ayuntamiento de Madrid decreta la orden de ejecución de obras de consolidación. Poco a poco iremos descubriendo la importancia de los términos: que no es lo mismo consolidación que reforma, por ejemplo.
La empresa aprovechará las obras para desalojar con malas artes a la mayoría de los inquilinos de renta antigua (bichos en el argot), tan molestos a la hora de sacar tajada de estas operaciones inmobiliarias, y poner en el mercado a precio de mercado apartamentos de semilujo (antes infraviviendas) en el Madrid más multiculti y enrollao. Chueca y Figueroa finaliza las obras de consolidación en junio de 2000 y se venden las viviendas, que era de lo que se trataba.
2001-2006 Inspección Técnica de Edificios
El Ayuntamiento requiere a la comunidad de propietarios en 2001 la presentación del acta de inspección. La comunidad recurrió el requerimiento, alegando que se había efectuado una reforma de la finca hacía menos de 2 años con sus preceptivos certificados y visados del Colegio de Arquitectos de Madrid. ¡Qué ingenuidad! Ahí es donde aprendimos la diferencia entre rehabilitación y consolidación. Las obras de consolidación no son garantía de seguridad del edificio, ni siquiera para el Ayuntamiento, que es quien decretó su ejecución. Y nos reclama a los vecinos dos años después pasar la ITE; por supuesto, la ronda la pagamos nosotros.
Este es el doble rasero que aplican las administraciones públicas. A una empresa que adquiere la totalidad del edifico, cuya única pretensión es la de especular con la venta de las viviendas, se le exige apenas una obra de consolidación, que ni siquiera llega a completar. Esta empresa vende las viviendas a través de sus inmobiliarias como si fueran rehabilitadas, y el Ayuntamiento reclama a los vecinos, compradores estafados, que acometan las obras necesarias para pasar la ITE. Los gastos de arquitecto y obras corren de nuestra cuenta.
Por si fuera poco, en estos años las deficiencias del tejado ocasionan no pocos problemas de humedades y goteras con sus correspondientes gastos. El propio Ayuntamiento reconoce en el proyecto de consolidación de 1998 el pésimo estado de la cubierta, aunque no consideró oportuno exigirle a Chueca y Figueroa su reparación. Ya lo haremos los vecinos más adelante, que además contribuimos a la dinamización económica de la región.
Finalmente, con no pocos esfuerzos, se certifica el cumplimiento de la Inspección Técnica de Edificios en abril de 2006. Recibe el visado del Ilustre Colegio de Arquitectos en mayo de 2006, atención señores, redobleee de tamborrr, UNA SEMANA ANTES DE QUE SE PRODUJERA EL DESPRENDIMIENTO DEL FORJADO.
14 de mayo de 2006, 17:30: Techo desprendido y vecinos desalojados
El sábado 14 de mayo de 2006 a las 17:30, escasos seis años desde que Chueca y Figueroa acometiera las obras en la finca, se producen daños de tal envergadura que exigen la actuación inmediata de los bomberos ante el desprendimiento de varias viguetas del forjado del techo del pasillo del 2º piso, quedando apuntalados los pasillos interiores comunes del bajo, primero y segundo piso, y desalojados los ocupantes de las viviendas 3º-3, 3º-4, 2º-3 y 2º-4.
Salieron con lo puesto a ver lo que había sucedido y no pudieron volver a entrar en su casa hasta pasados cuatro días. Un amable bombero consiguió sacarles unas mudas. La ironía es que algunos de ellos se preparaban para acudir a la primera de las sentadas por una vivienda digna de Madrid. Los vecinos desalojados deben pasar varios días fuera de sus casas, realojados en un hotel, hasta que regresan bajo su responsabilidad y franqueando el precinto «no pasar» que habían colocado los técnicos de Urbanismo en las puestas de sus casas.
Lo que vino después os lo podéis imaginar. Tras la sorpresa, el pánico, y después la indignación.
Los técnicos de Urbanismo nos metieron el miedo en el cuerpo. Agujerearon las cuatro viviendas más afectadas para descubrir el estado de las vigas y dieron a entender que todo el edificio podía encontrarse en la misma situación. Había que acometer las obras urgentemente y decidir si se encargaba Urbanismo por Ejecución Sustitutoria o bien nosotros por nuestro lado buscábamos arquitecto y empresa que se hicieran responsables.
Ante la duda, el miedo y la incertidumbre optamos por la seguridad y garantía que pensábamos nos iba a ofrecer el Ayuntamiento. No queríamos caer de nuevo en manos de una empresa desaprensiva que ejecutara las obras defectuosamente como en la anterior supuesta reforma. Además, la actuación de Urbanismo tenía la ventaja de ser inmediata, nos despreocupábamos de las licencias y se encargaban de cobrar directamente a cada vecino la cuota correspondiente. La parte negativa era que el precio sería superior al precio de mercado (curioso, ¿no?). No importaba, la garantía y seguridad que nos proporcionaba el Ayuntamiento bien lo valía.
La indignación llegó cuando pasadas unas semanas recibimos la notificación del Ayuntamiento con las condiciones de la Ejecución Sustitutoria. Dragados se encargaría de la ejecución de las obras, para lo que se estimaba un presupuesto de 350.000 €. Debíamos ingresar esa cantidad en las Arcas Municipales con carácter cautelar a la espera de la liquidación definitiva.
El montante era a todas luces excesivo y nos dirigimos a Urbanismo a solicitar detalle del presupuesto. No hubo respuesta. Posteriormente acudimos con nuestro abogado, y la respuesta del Ayuntamiento fue que ellos no eran una empresa, y que no iban a dar detalles del presupuesto. Reconocían que eso no era lo correcto, pero ahí estaba el servicio jurídico por si queríamos reclamar por la vía legal. En un par de años con suerte tendríamos respuesta.
A esas alturas, Dragados ya había abandonado la finca sin comenzar las obras (salvo los estropicios iniciales) a la espera del beneplácito de los vecinos a esas draconianas condiciones. Pasaban los meses, se acercaba el otoño y algunas casas seguían en calamitoso estado: apuntaladas y agujereadas. Ya era septiembre, nos encontrábamos como al principio y estábamos abocados a buscarnos la vida por nuestra cuenta: contratar un arquitecto, redactar un proyecto de obra y buscar una empresa que lo ejecutara.
Parecía que ya nada peor nos podía suceder, pero si, aún quedaban emociones por vivir. En octubre recibimos las notificaciones de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento reclamando los 350.000 euros de la Ejecución Sustitutoria que nunca se llegaría a ejecutar. Necesitábamos contratar rápidamente un arquitecto que se hiciera cargo de las obras y de la seguridad de la finca ante Urbanismo y poder así poner freno a la voracidad recaudatoria de la administración madrileña.
2007: la luz al final del túnel
En enero de 2007 ya tenemos arquitecto y podemos renunciar a la Ejecución Sustitutoria. Una de sus tareas será la redacción del informe técnico en el que se basará nuestro abogado para las demandas y reclamaciones contra la empresa que hizo la reforma de la finca (Chueca y Figueroa), contra el arquitecto y el aparejador que certificaron esas obras, contra el Ayuntamiento y contra el arquitecto que firmó la ITE.
El informe técnico despeja dudas y confirma nuestras sospechas. No sólo el proyecto de consolidación exigido por el Ayuntamiento era claramente insuficiente para atender las necesidades de la finca, no sólo lo pretendido por Chueca y Figueroa era hacer la obra mínima imprescindible para especular con la venta de la viviendas, sino que ni siquiera la empresa llevó a cabo en su totalidad la obra proyectada.
A estas alturas de mayo de 2007, nuestro arquitecto ha redactado ya un proyecto definitivo de obra que ha sido aprobado por los vecinos. Incluye la reparación de la zona afectada por el derrumbe, así como todas las demás actuaciones que en su día el Ayuntamiento no exigió realizar a la empresa propietaria de la finca (cubierta, etc). Aunque esperamos aún presupuestos de empresas que se encarguen de su ejecución, el coste estimado a precios de mercado está muy por debajo de lo que pretendía cobrarnos el Ayuntamiento por sólo la reparación de la zona más afectada.
Un año después del derrumbe esperamos que las empresas a las que se lo hemos solicitado, nos presenten presupuestos y podamos elegir la más conveniente. Esperamos que las obras se completen lo antes posible para que los vecinos más afectados puedan vivir dignamente en sus casas. Esperamos que un juez se haga cargo del caso y fije fecha para el juicio. Vemos la luz al final del túnel, pero el túnel es muy largo.